Traición en Guantánamo
03 de noviembre de 2008
Andy Worthington
Andy Worthington, autor de The
Guantánamo Files, analiza los intentos de las autoridades estadounidenses
de devolver a los presos exculpados de Guantánamo a regímenes en los que corren
el riesgo de ser torturados, a pesar de las órdenes judiciales estadounidenses
que impiden su repatriación forzosa.
Para muchos de los presos de Guantánamo, las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos no
auguran grandes cambios. Aunque tanto Barack
Obama como John
McCain han prometido cerrar Guantánamo, el problema para al menos 50 de los
261 presos que siguen recluidos en la prisión no es que el gobierno
estadounidense no esté dispuesto a liberarlos, sino que no tienen adónde ir.
Estos hombres proceden de países como Argelia, China, Libia, Túnez y Uzbekistán. Aunque se ha aprobado su
puesta en libertad tras múltiples juntas de revisión militar -algunas desde
hace al menos tres años-, no pueden ser repatriados debido a los tratados
internacionales que impiden la devolución de ciudadanos extranjeros a países con
un historial de derechos humanos deficiente, donde corren el riesgo de ser
torturados. Los intentos de encontrar otros países dispuestos a acogerlos
también han fracasado (con la excepción de Albania,
que aceptó a ocho ex presos en 2006), en parte porque, aunque se apruebe su
puesta en libertad, el gobierno insiste en mantener que siguen siendo
"combatientes enemigos ilegales."
Generalmente ignorados por los medios de comunicación, que se centran en cambio en los pocos presos
elegidos para enfrentarse a "juicios especiales por terrorismo" (las Comisiones
Militares), estos hombres no reciben ningún favor especial, a pesar de su
estatus, y en su mayoría están recluidos en condiciones de estricto aislamiento
durante hasta 23 horas al día.
Recientemente, sin embargo, algunos de estos hombres han recibido amplia cobertura mediática. Diecisiete
uigures -musulmanes chinos que fueron vendidos a las fuerzas estadounidenses
tras huir de un asentamiento en Afganistán donde se habían refugiado de la
opresión china- pudieron presentar su caso ante un tribunal estadounidense el 7
de octubre. El juez, Ricardo Urbina, dictaminó
que su encarcelamiento continuado era inconstitucional y que, dado que ningún
otro país los acogería, debían ser realojados en Estados Unidos.
Esto provocó un frenético
llamamiento del gobierno, que está desesperado por no aceptar la
responsabilidad de sus errores acogiendo a ningún ex preso en Estados Unidos.
La apelación fue aceptada, y los argumentos de ambas partes están programados
para el 24 de noviembre.
Si el tribunal de apelación confirma la decisión del juez Urbina, podría ponerse fin al extenso limbo legal
en el que se encuentran algunos de los demás presos, pero mientras tanto el
silencio que rodea su situación oculta una verdad más oscura, que acaba de
salir a la luz.
Desde junio de 2007, la administración ha intentado sigilosamente repatriar a varios presos
norteafricanos, amparándose en "garantías diplomáticas" con los
gobiernos de Argelia, Libia y Túnez. Se supone que éstas garantizan que, en
caso de ser devueltos, los presos recibirán un "trato humano", pero,
como han denunciado diversas organizaciones de derechos humanos, las
"garantías diplomáticas" carecen de valor.
Después de que dos tunecinos -Lotfi Lagha y Abdullah bin Omar- fueran repatriados el pasado junio,
las "garantías diplomáticas" con el gobierno de Zine El Abidine Ben
Ali se desvanecieron cuando los hombres se enfrentaron a juicios amañados por
cargos falsos (extraídos mediante la tortura de otros presos) y recibieron
penas de cárcel de tres
y siete años.
Temiendo que otros presos exculpados recibieran un trato similar, varios abogados solicitaron ayuda a los
tribunales estadounidenses para impedir la devolución forzosa de sus clientes.
Un tribunal de distrito bloqueó la devolución de un tercer tunecino, Mohammed
Abdul Rahman, y los abogados de al menos otros dos presos solicitaron que
se impidiera la repatriación forzosa de sus clientes.
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Uno era Abdul
Rauf al-Qassim, libio con esposa afgana y una hija a la que nunca ha visto,
y otro era Ahmed
Belbacha (foto, izquierda), argelino que había solicitado asilo en el Reino
Unido en 1999. Belbacha, que fue capturado y vendido por cazarrecompensas en
Pakistán, había huido de Argelia porque trabajaba para una empresa petrolera
controlada por el gobierno y había sido amenazado por militantes, pero el gobierno
británico se negó a aceptar su regreso al Reino Unido porque fue secuestrado
mientras su solicitud de asilo aún estaba pendiente. Aterrorizado por la idea
de ser devuelto a Argelia, dijo a sus abogados que prefería quedarse en
Guantánamo, aunque su celda era "como una tumba".
Durante la mayor parte de este año, parecía que los intentos de los abogados por impedir la vuelta de sus
clientes a la tortura habían tenido éxito, pero el mes pasado, durante una
visita con Cori Crider, abogada de la organización benéfica de acción legal
Reprieve, con sede en Londres, Ahmed Belbacha explicó que en julio había sido
apartado por un grupo de soldados estadounidenses que le habían ordenado firmar
unos papeles que aprobaban su liberación de Guantánamo. Sabiendo que un
tribunal había suspendido su repatriación, Belbacha se negó, pero sus abogados
no se enteraron hasta la última visita que le hizo la Sra. Crider el mes pasado.
Aunque los abogados de otros presos no tienen libertad para hablar de casos similares (porque sus
casos están sellados ante los tribunales estadounidenses), parece que éste no
ha sido un ejemplo aislado. La única conclusión que puede extraerse es sombría:
en un intento de expulsar de Guantánamo a los presos no deseados -y también,
sin duda, de impedir que soliciten asilo en Estados Unidos si se mantiene la
sentencia del juez Urbina-, las autoridades de Guantánamo están socavando
deliberadamente las sentencias dictadas en los tribunales del territorio
continental estadounidense para impedir la repatriación forzosa de presos vulnerables.
Esto es chocante, por supuesto, pero no es sorprendente dado que los que establecieron Guantánamo han
expresado sistemáticamente su desprecio por la ley, y han buscado nada menos
que el poder ejecutivo sin restricciones.
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